Disputar el sentido, sostener la solidaridad. El trabajo cooperativo y la Economía Popular en la encrucijada

Introducción

La asunción de Milei a la presidencia de la Nación en diciembre de 2023, de la mano del espacio de ultraderecha La Libertad Avanza, implicó una profunda reconfiguración de los sentidos sociales en torno al trabajo, la asistencia y la organización colectiva. En el escenario actual, las narrativas de estigmatización y los procesos de desmantelamiento de las políticas públicas destinadas al sector cooperativo y de la economía social y popular no solo afectan la sostenibilidad material de miles de experiencias, sino que intentan erosionar la legitimidad misma de estas formas de trabajo.

Frente a la consolidación de discursos que oponen el “mérito individual” a la “organización comunitaria”, nos urgía encontrarnos y con esa intención, el 30 de marzo de 2026 celebramos un conversatorio, con la intención de crear un espacio de reflexión crítica y acción política, de intercambio entre academia, referentes territoriales y movimientos sociales, para analizar cómo se producen estos sentidos y cómo podemos construir narrativas alternativas que pongan en valor el trabajo social, solidario, cooperativo; la potencia de lo colectivo y las políticas públicas.

Contamos con la presencia de investigadoras e integrantes de organizaciones de la economía social y popular que compartieron hallazgos de investigaciones recientes y experiencias sobre la estigmatización digital, la retórica gubernamental, el concepto de “merecimiento” en la política social y la persecución al sector cooperativo y de la economía popular, social y solidaria. Las participantes del panel fueron: Daniela Bruno, Malena Victoria Hopp, Eliana Lijterman, Magui Fernández Valdez, María Victoria Deux Marzi y Dina Sánchez.

Las presentaciones analizaron la coyuntura desde cinco dimensiones: 1. La construcción del estigma en la era digital; 2. El “merecimiento” y la moral neoliberal del trabajo; 3. Persecución y desarticulación de la solidaridad; 4. Sostenibilidad e institucionalidad de estos sectores del trabajo en disputa; 5. Resistir y disputar la estigmatización desde la economía popular organizada.

En este artículo recuperamos dichas intervenciones, el debate y los intercambios desarrollados y sumamos un cierre con una propuesta para seguir pensando estos temas y fortaleciendo la disputa por la solidaridad desde la organización colectiva.

“Disputar el sentido, sostener la solidaridad. El trabajo cooperativo y la economía popular en la encrucijada” se llevó a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini (CCC). El encuentro fue coorganizado por el Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG) de la UBA y el Departamento de Cooperativismo del CCC.

Daniela Bruno [1]

Bienvenidos y bienvenidas y gracias por estar acá. Hablo en nombre de un equipo de profesores investigadores, en su mayoría, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, algunes[2] aquí presentes. Aquí están Ramiro Coelho, Brenda Gamba y Nazarena Sciola, pero el equipo también está integrado por Constanza Lupi, Victoria Pedrido y María Florencia Mena. 

Queremos compartir los resultados de un estudio de la conversación social digital sobre planes sociales, en la red social X, desde las elecciones PASO del 2023 y durante el primer año de la gestión de Javier Milei en el ejecutivo nacional. Lo que voy a presentar es un análisis orientado a identificar las voces más influyentes en la configuración del problema público de la protección social de trabajadores/as no asalariades y que no alcanzan un piso de dignidad, y de las políticas para abordarlo, popularmente denominadas “planes sociales”.

El análisis se articuló en cuatro líneas de indagaciones complementarias y convergentes: la cobertura informativa; los sitios institucionales y redes sociales de funcionarios públicos con competencia en la temática de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el presidente Javier Milei y el entonces vocero de la Presidencia, Manuel Adorni; las redes sociales de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y las cuentas influyentes, que seleccionamos según las métricas de la plataforma, que exhibieron posiciones abiertamente disímiles sobre el tema. Prestamos especial atención a las publicaciones seleccionadas a partir de las palabras clave: planeros/as, planes sociales, potenciar trabajo, volver al trabajo y salario social complementario.

En esta presentación vamos a focalizar en el encuadre y el tratamiento de los planes y sus destinataries o receptores, pero en nuestra investigación también nos detuvimos en los rasgos de la comunicación gubernamental del mileísmo, algo que quisiera reseñar muy brevemente porque explica, en parte, la capacidad de este gobierno para modelar el debate público sobre esta cuestión en el territorio digital.

Como ustedes saben, Milei tiene un registro retórico propio de un panelista de televisión o de campaña. Adopta explícitamente el modelo Trump para quien la gestión se ejerce a fuerza de tuits y likes.  Por eso habrán escuchado decir que es el presidente influencer, que mantiene la atención pública por vía de la intensidad y usa la inteligencia artificial para la producción de imágenes muy pregnantes, en un ecosistema mediático muy saturado de información donde todes compiten por llamar la atención, nuestra atención. Y además están sus milicias digitales, que apoyan al gobierno, disciplinan y amedrentan a las voces disidentes y en definitiva trabajan en la amplificación de la narrativa gubernamental.

Estos rasgos distintivos se despliegan en un contexto de furia cotidiana contra el periodismo, disciplinamiento y ataques sistemáticos contra periodistas supuestamente ensobrades, lo que produce intimidación, autocensura y limitación de oportunidades para les profesionales.

Pero al hostigamiento verbal, se suma la avanzada sobre el sistema de medios: el desguace y cierre de medios estatales como la agencia Télam, Radio Nacional y TV Pública; y la suspensión total del gasto estatal en publicidad oficial, que impacta en las finanzas de los medios privados. Esta táctica combinada de ataque frontal y restricción financiera sumada al estilo retórico que antes describí fue determinante para que el gobierno pudiera fijar la agenda y los términos del debate público de éste y otros asuntos.

Algo más que quiero agregar antes de pasar a los resultados de la investigación, es que la construcción discursiva de los planes y los “planeros” que encontramos hoy en la retórica gubernamental, tiene sus antecedentes en las gestiones presidenciales de Mauricio Macri y de Alberto Fernández. En esas gestiones ya se venía cercenando la mediación de la organización popular, evitando la denominación de “economía popular”, propiciando la descolectivización y eludiendo el reconocimiento de la condición de trabajadores/as sin acceso a la protección. Algo similar podemos decir del tratamiento mediático, incluso antes de las redes. El discurso mediático siempre tiende a despolitizar el conflicto social y suele ver a les pobres como víctimas sin agencia política. Pero si están organizades, aparece el estigma del clientelismo político y la corrupción política. Con esto quiero decir que lo que encontramos ahora no es lo mismo, pero ya se venía construyendo.

Ahora sí los resultados. En la narrativa gubernamental, lo que observamos como novedoso es la presentación de los planes sociales como mecanismos de dominación política y reproducción de la miseria. Observamos un desplazamiento discursivo que convierte a les beneficiaries de “vagos” a “víctima extorsionada” por les líderes de organizaciones y movimientos sociales populares, llamados “gerentes de la pobreza”, la “superministra” Pettovello, referida en las publicaciones como “aniquiladora de la pobreza”, inscribe su rol y gestión en una narrativa heroica centrada en la eliminación de la pobreza y los intermediarios, la lucha contra la corrupción y la extorsión de los dirigentes a costa de los pobres,  y la devolución de la dignidad a partir del acceso al trabajo genuino.

Los medios periodísticos, sobre todo la prensa de alcance nacional, pusieron el foco en la decisión del gobierno nacional de eliminar intermediarios, lo que interpretaron como una quita de poder y una declaración de guerra del gobierno a estas organizaciones.

Las cuentas influyentes replicaron y reforzaron este encuadre. Incluso las cuentas de X que podríamos identificar como opositoras al gobierno, recurrieron a las mismas referencias estigmatizantes. Es decir, aun intentando disputar el sentido, reforzaron los términos del debate que propuso el oficialismo al referir al plan como un “beneficio peronista” en lugar de un derecho. También lo refuerzan cuando lo usan como categoría moral y contrafigura de les que sí trabajan y/o por alguna razón si “merecen”, como cuando cierto candidato de la oposición aclaró que les científiques del CONICET y les jubilades no eran planeros. O como cuando algunos medios opositores, para desviar la crítica de les trabajadores informales, denunciaron a les “planeros vip” quienes recibían beneficios o subsidios estatales desde posiciones de privilegio o corporativas, reforzando el estigma social. En pocas palabras, lo que vemos en la conversación digital en X es una profundización de la estigmatización del sujeto político popular en un contexto de polarización del debate, demandas de «mano dura» y judicialización. Porque es en la justicia donde se les lleva para definir el alcance de los derechos sociales y políticos. 

Y para cerrar quiero referirme a la metanarrativa, el gran relato de fondo: la mención a la intervención estatal, a las políticas públicas y en particular las políticas sociales, se vuelve difusa e inespecífica; el problema que la política vino supuestamente a resolver (la protección social del trabajo informal) queda totalmente desdibujado. Es un enorme desafío articular un discurso que recupere la dimensión de los derechos sociales universales, eludiendo la trampa de la moralidad y del merecimiento impuesta por el gobierno que prospera en un suelo moral que se ha ido consolidando con el tiempo. Hicimos esta investigación  y estamos acá con la idea de aportar un insumo para franquear barreras retóricas, enmarcar el debate de la protección en otros términos y recuperar la capacidad de incidencia de les trabajadores organizades en las discusiones sobre las políticas para el sector. Gracias.

Malena Victoria Hopp [3] y Eliana Lijterman [4]

Vamos a compartir algunas reflexiones que surgen de nuestra investigación en el marco del Grupo de Estudios sobre Política Social y condiciones de Trabajo, del Instituto de Investigaciones Gino Germani (FSOC-UBA). Hoy nos interesa repensar esa investigación en clave de los desafíos de la acción política y de la acción discursiva.

Retomando experiencias de investigación previas de nuestro equipo, realizamos un trabajo de campo con grupos focales en las vísperas de la elección de Milei como presidente, entre los años 2022 y 2023. Buscábamos aproximarnos a los debates sociales sobre las políticas sociales, la protección social y su legitimidad o su ilegitimidad, desde la perspectiva de distintos grupos de trabajadores y trabajadoras. Los grupos buscaron contemplar la diversidad y heterogeneidad del mundo laboral de la Argentina actual y reunieron personas trabajadoras asalariadas, formales e informales, autónomas, de plataformas, de la economía popular y de la economía social. En particular analizamos las críticas “desde abajo” a los llamados planes sociales. Lo distintivo de esta investigación, y que creemos que enriquece la reflexión sobre estigmatización de los planes sociales, es que no trabajamos solo desde la mirada de los y las destinatarias de esas políticas (que es lo más habitual) sino también desde la de otros grupos sociales. 

Para empezar, queremos mencionar un primer emergente de la discusión de los grupos, algo paradójico, que nos permitió empezar a “tirar del hilo”. En todas las discusiones encontramos un malestar muy notorio y extendido en relación con el propio trabajo. Ese malestar estaba generalizado, no solo se presentaba entre los grupos de trabajadores informales o no asalariados, en general, los más vulnerables o sujetos a la precariedad en el mundo del trabajo. Una de las primeras sorpresas de aquel momento era que ese malestar también estaba presente en el universo del empleo formal. Hoy abundan los análisis sobre trabajadores/as pobres, pero hace pocos años atrás se trataba de una problemática que recién empezaba a percibirse y que no era tan evidente. Este malestar que observamos venía a confirmar en el plano subjetivo, algo que empezaba a circular en las estadísticas: que la precariedad y la inestabilidad también se extendían en el mundo del trabajo formal. 

Ese malestar era muy diverso. No tenía sólo que ver con la insuficiencia de los ingresos, la falta de acceso a la seguridad social, la intensificación del tiempo de trabajo, sino también con la desvalorización de las actividades que llevaban adelante en sus trabajos. Esta es una cuestión que en la economía popular se expresa de forma muy radical, especialmente cuando se criminalizan ciertas actividades o cuando se disputa el reconocimiento del valor social del trabajo que se hace, pero también lo observamos en grupos de trabajadores y trabajadoras de baja calificación y entre aquellos que trabajaban en el Estado. También había una percepción de que el trabajo que hacían, aunque tenía valor para elles, no era adecuadamente reconocido por los demás. Frente a las dicotomías “ordenadoras” de los diagnósticos sobre los problemas en el mundo laboral (formal-informal, asalariado-no asalariado), hoy parece que la situación es diferente.

Estos distintos aspectos del malestar expresaban cierta frustración en relación con la perspectiva o expectativa de vivir del propio trabajo. Esta pretensión frustrada movilizaba demandas de protección para sí, para aquelles que trabajaban, que por eso merecían protecciones, y que, por distintas circunstancias, el ámbito del trabajo no ofrecía. Lo paradójico de la situación es que ese malestar, movilizador de demandas de protección para sí frente al Estado, convive con una crítica hacia las protecciones que reciben otres. Un otro que no es cualquier otro, sino el sector más vulnerable de entrada al mundo del trabajo, porque lo que se criticaba eran los planes sociales. 

Una nota de margen que conecta estos procesos de hace unos años con la realidad de hoy: por un lado, el presente muestra el avance de un proceso de reforma laboral, que incrementará el malestar vinculado con la inestabilidad, con la desprotección, y que va a venir incluso a institucionalizar la precariedad. Por otro lado, la sospecha hacia los planes sociales parece haberse vuelto oficial y pretende convertirse en norma con el proyecto de eliminación del Programa Volver al Trabajo, continuidad del Potenciar Trabajo, que garantizaba una prestación del valor de medio salario mínimo, vital y móvil para trabajadores/as de la economía popular bajo la figura del salario social complementario. Estos dos aspectos que convivían en los grupos focales atraviesan las transformaciones actuales de las políticas laborales y sociales.

Volviendo a nuestra investigación, nos comenzamos a preguntar qué elementos permitían la convivencia, en el discurso social, de ambas cuestiones, la demanda de protección del Estado para sí y el cuestionamiento hacia los planes sociales para los grupos más afectados por problemáticas sociolaborales tan generalizadas.

En primer lugar, en la discusión de los grupos focales se visualizaba como una falla la persistencia en el tiempo de programas sociales que, se supone, debían ser transitorios. De acuerdo con algunos participantes, la continuidad indefinida en el tiempo de los planes venía a manifestar la existencia de una crisis persistente del trabajo, cuyo abordaje se postergaba, y que solo tenía una solución de baja escala. En sus términos, “la lógica del plan” era una “solución asistencial” a esta crisis. La reproducción en el tiempo de la “lógica del plan” generaba, desde la perspectiva de los y las participantes, nuevos problemas.

Por un lado, estos llamaban la atención sobre la perpetuación de una modalidad de intervención que presenta un déficit respecto del vínculo con el mundo del trabajo. La mirada de cómo debía ser el lazo deseable entre el trabajo y la asistencia a veces se volvía un poco genérica, sobre todo en los grupos que estaban más distantes a la gestión cotidiana de los programas sociales. Desde esta posición, se apelaba a una intervención capaz de formar capacidades, alentar la movilidad, “no dar la caña, sino enseñar a pescar”. Esto era discutido desde los grupos de trabajadores y trabajadoras de la economía social y popular, o al menos complejizado, porque la idea de profundizar o adecuar el lazo entre la asistencia y el trabajo se formulaba en términos distintos: desde la demanda de apoyos técnicos del Estado para una mejora productiva o para la sostenibilidad de los emprendimientos, las adecuaciones en las normas burocráticas en las que se desarrollan, el registro y las estadísticas laborales vinculadas al sector, entre otras cuestiones.

Un segundo elemento que se presentaba de manera transversal en los grupos focales es que esta “lógica del plan”, desacoplada del mundo del trabajo, generaría situaciones de dependencia en la medida en que se sostiene en el tiempo. De allí el carácter problemático de su continuidad, porque con ella se irían promoviendo formas de vidas no respetables, representadas con la idea, generalizada, de “vivir del plan”. Esta expresión condensa la forma de vida de quienes, alejados del trabajo, dependen y sacan provecho de un apoyo provisto por la sociedad. Frente a ellos, se delimita el nosotres, el de “la gente de bien”, retomando palabras del discurso que se haría oficial poco después. De ahí que la crítica hacia los planes sociales asuma una insoslayable connotación ética y moral.

Desde hace más de diez años venimos indagando en nuestras investigaciones la emergencia de este cuestionamiento hacia los planes sociales. En esta coyuntura nos preguntamos por las novedades del presente, por aquello que no habíamos logrado ver antes, por aquellos elementos que se alteraron. En ese sentido, encontramos un lazo reforzado entre la idea de “vivir del plan” y la figura del “abuso”. Si bien este elemento estaba presente antes, en esta investigación se presentó con mayor radicalidad. Se trata de un abuso de los planes sociales que no alcanza solo a los destinatarios y destinatarias, sino también a las organizaciones y a todo intermediario en la gestión. Además, esta fuerte presencia del abuso generaba una reacción de violencia y animosidad, que no habíamos registrado en los grupos focales realizados años atrás. Frases como “laburá, carajo” nos alertaron de este punto.

En el discurso oficial actual, principalmente del Ministerio de Capital Humano, esta denuncia es permanente. La posibilidad, hoy cierta, de cerrar el Programa Volver al Trabajo, está directamente vinculada con el estigma construido previamente. También el recorte de recursos a los comedores y espacios de cuidado comunitario o la amenaza permanente del cierre de la Subsecretaría de Integración Sociourbana. Todos estos son ejemplos del modo en que esta narrativa que estigmatiza a la organización popular tiene efectos materiales concretos y afecta a todo un conjunto de políticas y acciones estatales en las que participan las organizaciones como intermediarias o que han sido parte del propio diseño de las políticas. Estas experiencias son las que hoy están bajo sospecha y deslegitimadas. 

Entonces, ¿qué tipo de intervención aparece como deseable entre los y las trabajadoras que participaron de nuestra investigación? Una capaz de alentar e impulsar para el progreso personal, cuyo horizonte sea salir del plan. Esta idea también era sostenida por personas titulares de programas sociales, que son precisamente quienes despliegan una lucha cotidiana para que las tareas que realizan sean reconocidas como trabajo. Por ejemplo, una trabajadora de la economía popular nos decía: “el Estado debería apoyarnos por un determinado tiempo para que vos generes algo, tu productividad y después dar espacio a otro, decir ya está, hasta acá llegué, gracias”. Entonces es una idea que sobrevuela y llega también a quienes son destinatarios/as de estos programas.

Lo que queremos subrayar es que este sentido común está bastante alineado con el modo en que se justifica hoy la baja del Volver al Trabajo y su reemplazo por esta modalidad de vouchers de capacitación laboral. La legitimidad de este curso de acción y de la crítica hacia las intervenciones hasta ahora existentes tiene que ver con esta construcción previa del estigma y la reacción violenta que constituye una “marca de época” hacia los titulares del programa, pero también hacia las organizaciones colectivas que los promueven, que los gestionan y que muchas veces transforman esos recursos escasos que la política social provee en la satisfacción efectiva de necesidades materiales y simbólicas. Se trata de un proceso de largo aliento que ha vuelto decible la pretensión de eliminar los planes sociales y ha hecho posible hacerlo. 

Nos quedan algunas preguntas para pensar la acción política y la posibilidad de construir una narrativa alternativa. Por un lado, la pregunta respecto de qué tienen en común y cómo se conectan los distintos malestares que experimenta el conjunto de la clase trabajadora y cuáles son los aportes concretos que el sector de la economía popular y social realiza cotidianamente para sostener la vida en los territorios. Estas son dos cuestiones que creemos que hay que visibilizar. Volver a poner el foco en lo que hacen, en lo que aportan y, a la vez, en lo que nos une como trabajadores y trabajadoras en este malestar. Es urgente problematizar las fronteras sociales y simbólicas -tematizadas como morales y éticas- que son las que contribuyen a que la experiencia de ese malestar sea vivida como una situación individual.

Es clave construir una narrativa que pueda volver a poner sobre la mesa las causas socioeconómicas estructurales que llevan a estos problemas y que además atraviesan a los distintos grupos del mundo del trabajo, no solo a los que reciben planes. Y esto viene de la mano de reconocer también la interdependencia, la necesidad de cuidados y protecciones como una característica de toda persona. Nadie puede vivir sin cuidados, sin apoyo. 

Necesitamos volver a explicar el problema de los planes, pero en una clave que vuelva al registro laboral de la cuestión. En el discurso dominante actual, pero también de gestiones previas, en el sentido común, el trabajo en el sector privado se ve como la solución, como “la salida” de los planes. Se dice mucho menos de lo que pasa con el trabajo en el sector privado como “puerta de entrada” a los planes. ¿Qué problemas tiene el mundo del trabajo? ¿Qué problemas tienen estos trabajos respecto de la desprotección? 

Porque no estamos hablando de dos personas, sino de más de 950.000 titulares de estos programas. Frente a esta persistencia de la idea de “modernización del trabajo” que trae la reforma laboral, una nueva narrativa podría orientarse a disputar esa idea de flexibilización de las normas existentes como la única estrategia posible y volver a traer a la discusión qué trabajos se reconocen, cuáles se protegen y cuáles siguen como telón de fondo de las más profundas desigualdades.

Magui Fernández Valdez [5]

Voy a compartir una investigación que tiene dos partes, realizada desde la Mutual de Lxs Trabajadorxs de la Industria Tecnológica y en articulación con Mover, que es mi cooperativa de base.

Los informes están publicados en https://mit.org.ar/trama-normativa/. Voy a tratar de ir velozmente por algunos puntos de los informes para compartir algunas preguntas e ideas en este contexto, porque si bien son del año pasado, los tiempos de Milei evolucionan muy rápido. Lo que miramos específicamente en esta investigación fue el impacto de las políticas de Milei en el 2024 sobre el sector de cooperativas y mutuales.

En el primer informe trabajamos con bases de datos públicas del INAES, todas las resoluciones que sacó el INAES e información de diferentes áreas del gobierno Nacional en relación con las cooperativas y mutuales.

La segunda etapa de este trabajo se trató de complementar ese diagnóstico cuantitativo con la realización de diez entrevistas a cooperativas lideradas por mujeres y disidencias de diferentes lugares del país.

Voy a compartir algunos números: históricamente se crearon en Argentina más de 70.000 cooperativas, de las cuales el 75% hoy no está vigente. O sea, la cantidad de cooperativas que logra sobrevivir del total es más o menos, el 25%.

Armamos un indicador que llamamos tasa de permanencia para analizar cuántas cooperativas de las que se crearon en cada gobierno lograron sobrevivir hasta hoy. El primer gobierno de Juan Domingo Perón (1946-1952) es el que tiene una tasa de permanencia más alta, con un 40%. Y después lo que vimos fue lo obvio: que en las dictaduras baja este número y ya en la democracia empieza a subir la creación de cooperativas. Ahí hay como un serrucho con los gobiernos del kirchnerismo, de Mauricio Macri, de Alberto Fernández y de Milei.

Grafico 1: Impacto de las políticas públicas en el desarrollo del cooperativismo y mutualismo en Argentina

Sobre el periodo de Milei los datos confirman que se dieron cuatro estrategias complementarias, que tienen que ver con el desarrollo de un escalonamiento punitivo en lo normativo, una persecución política del sector, la estigmatización en lo discursivo y un desfinanciamiento rotundo del INAES. Ahora voy a desarrollar un poco cada cosa. Con la mirada del hoy, sumaríamos un quinto punto que es la falta de respuesta por parte de las organizaciones que, en el 2024, quizás estábamos un poco más esperanzadas. Estábamos estudiando esto en ese momento y ahora creo que estaría bien considerarlo como una quinta pata de esta cuestión.

Esto tiene que ver básicamente con un montón de políticas discrecionales que se dieron, con todas las resoluciones que fueron atacando diferentes puntos vinculados con el espíritu de las cooperativas. Por ejemplo, si las cooperativas tenían su domicilio compartido entre diferentes cooperativas, entonces consideran que eso es un uso no natural de la figura cooperativa. Y entonces iban en un listado para suspenderlas. En un momento, para traer otro ejemplo, en la gestión anterior se incorporó una cosa que se llamaba Legajo Multipropósito, que está vinculado a la digitalización de las cooperativas. Bueno, todas las entidades que no habían actualizado ciertas partes de ese proceso también eran identificadas para suspenderlas. Se dieron diferentes cuestiones de ataques muy puntuales.

Eso se complementa también con que bajaron la resolución 1000/2021 Renovar que permitía la creación de cooperativas de tres integrantes. Con esto obligaron a una readecuación de estas entidades a cooperativas de seis integrantes. También se dio la prohibición de creación de cooperativas en tres sectores específicos: limpieza, seguridad y correo.

Todo eso combinado con una participación muy activa de diferentes referentes de La Libertad Avanza en los medios de comunicación anunciando el cierre de cooperativas. Hay un montón de notas de Manuel Adorni hablando del cierre de unas 11.000 cooperativas.

Para mostrar los efectos de los ataques que sufrieron las cooperativas en diferentes planos, podemos analizar los números: el mileísmo intimó, en 2024, casi 22.000 cooperativas, 21.941, de las cuales el 90% no estaban vigentes al momento que finalizamos la investigación. Cuando íbamos a ver el estado de la cooperativa, estaban suspendidas o en proceso de presentar papeles, o con una categoría que se llama retiro de autorización para funcionar. Cada una con diferentes características, pero de las 22.000 intimadas, el 90% estaba en este estado de no vigentes. Esto es lo que mostró la investigación.

Ahora sí, quería meterme un poco en tres puntos que nos parecían interesantes para pensar en la actualidad, en base a todo eso que vimos. Uno tiene que ver con esto que también surgía en lo que ya compartían las compañeras del rol de la estigmatización. Nosotres analizamos la estigmatización como una tecnología de gobierno que, con Milei, fue construyendo un discurso de las cooperativas como truchas, estafadoras, clientelares, corruptas e inservibles. No se pone en valor el aporte del cooperativismo y el mutualismo en la economía del país.

Se desarrolló una táctica bastante popular que es pasar de la lógica de una cooperativa sospechada al cooperativismo sospechoso. Y ese mecanismo se utilizó mucho para instalar masivamente, transformar y profundizar una lógica del sentido común sobre el cooperativismo que ya venía de antes, pero que en el escenario actual se articula con la estigmatización del Estado y el desfinanciamiento del INAES.

Esto tuvo un impacto bastante rotundo en relación a la desorganización política, a la falta de legitimidad para encontrar respuestas frente a esa situación, al aislamiento.

Un segundo punto tiene que ver con pensar los efectos de ese punitivismo. Nosotros venimos del feminismo, del movimiento LGBTIQNB+, de una serie de movimientos y de corrientes que nos hacen tener una perspectiva específica sobre el punitivismo que tiene que ver con pensarlo como una forma de gobierno que impone ciertas formas de control, que abona al encarcelamiento masivo y que despliega lógicas de criminalización. Y este punitivismo para desplegarse necesita una alianza entre un poder concentrado que busque un castigo y una sociedad que quiera mirar ese castigo, que vea ese castigo como un espectáculo y en cierto sentido lo desee y lo acompañe.

Todo este proceso previo de estigmatización deja un escenario que es bastante evidente en el discurso actual “bueno, pero sí hay cooperativas truchas”, y esto se da no solo afuera del movimiento, sino también dentro del movimiento. Esto es para pensar de qué manera llega a las cooperativas con efectos como la asfixia burocrática, el miedo y la auto-vigilancia.

En todas las entrevistas surgió el agotamiento y puntualmente una situación constante: cada vez que había una novedad sobre una resolución del gobierno, del INAES, se daba una situación desesperada de buscar a ver si su cooperativa estaba en los listados, que además eran bastante inaccesibles. La familiarización con estos informes, con los PDF del Boletín Oficial no es algo de acceso popular; es difícil saber cómo entrar, cómo chequear, cómo consultar y eso genera mucha desesperación y mucha frustración. Entonces ahí hay una cosa material y concreta que hizo a la lógica de trabajo de un montón de cooperativas durante un mucho de tiempo.

Una cosa que pensamos en relación con esta situación -que no se nombraba de esta forma-, tiene que ver con el exilio identitario en algún sentido: como decir “bueno, las cooperativas corruptas son las otras. Yo soy cooperativista, pero mi cooperativa es buena, el problema está en la otra, que siempre está lejos, pero existe. Pero de todas formas le doy credibilidad y entidad porque el discurso nos está diciendo que existen. Entonces sí debe existir la corrupta que es la otra”. Incluso en muchas entrevistas surgía que una estrategia que habían empezado a emplear era no decir que eran una cooperativa. Tanto con les clientes, como incluso en articulaciones con otro tipo de organizaciones. No decir que somos una cooperativa porque no hay laburo, la estamos pasando mal, estamos con quinientas tareas, conteniendo todo como podemos, entre todes. Entonces para hacer un laburo, no podías poner la identidad por delante y bueno, no es el momento, la identidad la ponemos en el closet. Esto tiene un impacto subjetivo y afectivo, que tiene que ver con la pérdida de un horizonte de futuro, que es algo que está en la construcción del cooperativismo, de apostar a esa lógica de pensar el trabajo como una cosa muy potente en relación con la organización hacia adelante.

Y el tercer punto para compartir y para pensar juntes tiene que ver con pensar cuánto de esa lógica del mérito está en el interior del cooperativismo, y con esa lógica del mérito pensamos en esta cuestión de la forma de la racionalidad neoliberal, la lógica del mercado desplegada en todos los ámbitos de la vida cotidiana y esta exigencia de todo el tiempo, de cómo nos autopercibimos de manera individual y colectiva. Me refiero a cómo cada cooperativa puede ser responsable de maximizar todo lo que podamos nuestro propio valor y aislarnos de esa imposición individualista y que desvaloriza al sector. Pero esta lógica tiene algunos impactos concretos en la individualización de los problemas. No se puede más ser cooperativas de tres. Las cooperativas de tres tuvimos que readecuarnos. Bueno, nos adecuamos individualmente. Discutimos si íbamos a hacer un amparo o no, pero no se amplió el debate en el sector. No hubo, como sí hubo en otros momentos de la política, del cooperativismo, una instancia de pensarnos en conjunto, organizarnos colectivamente para ver de qué manera íbamos a construir una respuesta frente a esta disposición de dar de baja la posibilidad de que existan cooperativas de tres asociades.

Esta cuestión está vinculada con la privatización de los problemas, que aparecía mucho en las entrevistas; todas las cooperativas pensaban que lo que les estaba pasando era una cosa muy personal. Había una mirada      una sensación muy desde lo individual. A nosotros también nos pasó, haciendo las entrevistas hubo una cosa medio reparadora de compartir eso con las otras cooperativas, era como una entrevista y al final un poco una terapia, y terminábamos intentando ver de qué manera volver a las apuestas colectivas.

Otra cuestión vinculada con la erosión de los vínculos colectivos, de total individualización, aislamiento de la lógica neoliberal. Y ahí, quizás para pensarlo un poco, si bien, por ejemplo, las diez cooperativas que entrevistamos pertenecían a federaciones, las diez cooperativas tenían una mirada muy crítica sobre sus federaciones y de muy poco acompañamiento, casi nulo, me atrevería a decir en ese contexto, en este momento político que estamos transitando. Entonces, en algunos casos, -apelando a revitalizar alianzas con otras cooperativas en los territorios o con otras organizaciones o encontrar las alianzas por otros caminos-, valoraban todas la existencia de las federaciones, pero no veían que la pertenencia a una federación estuviese haciendo ninguna diferencia en ese contexto, que quizás la diferencia era más porque habían articulado con otra cooperativa o con el comedor del barrio y que entonces, lo significativo era que se vinculaban con los territorios.    

Este tercer punto entonces se vincula con la pregunta sobre cuánto de esa lógica tenemos en nuestras organizaciones. Nuestro movimiento no tiene que ver con buscar al enemigo interno. No busca apelar a una lógica punitiva para adentro, para ver quién entonces y castigarnos, sino con pensar un poco de qué manera logramos construir estrategias por fuera de esas lógicas.

Milei logró cerrar de algún modo un 90% de las cooperativas, ese golpe está y todas esas personas se tuvieron que organizar de alguna manera laboralmente, o sosteniendo una pauta igual que en la cooperativa. Pero esa informalidad plantea una invitación a revisar en nuestra propia práctica individual y colectiva qué pensamos sobre lo público y lo privado cuando el discurso se vuelve un hecho en nuestra vida cotidiana.

María Victoria Deux Marzi [6]

Qué difícil hablar de todo esto después de lo que venimos escuchando. La verdad es que es un lugar complicado, sobre todo porque me alegra —dentro de lo que se puede— encontrar tantos puntos en común; hallazgos que, aun entrando por diferentes fuentes, nos muestran diagnósticos parecidos.

Me invitaron a hablar de la institucionalidad de la economía popular, social y solidaria en el ámbito del Estado nacional. El año pasado publiqué un trabajo que se llamó, justamente, “La desinstitucionalización de la economía popular”, y hoy quería retomarlo. Pero la realidad es que ese es un trabajo en proceso: si bien durante el primer año de este ciclo político pasaron muchas cosas, en el segundo directamente pasamos por un tornado. Así que me doy la oportunidad de volver a abrir ese texto junto a ustedes, para ponerle puntos suspensivos y un “continuará”.

Hablo desde el Observatorio de Políticas Públicas[7], donde junto a Susana Hintze trabajamos hace años sobre la economía popular, social, solidaria. Lo hacemos sabiendo que este sector reúne identidades y formas de organizarse muy diversas, pero nuestra intención es mucho más política que académica. No buscamos agrupar sujetos heterogéneos por un afán taxonómico, sino porque entendemos que, al mirarlos colectivamente e identificar sus problemas comunes, podemos traccionar y motivar salidas conjuntas.

Entiendo la institucionalización como un proceso dinámico. No es el resultado de una ley fija ni de una decisión solitaria de un ciclo político; se construye al calor de las disputas y tensiones entre los proyectos estatales y los proyectos de las propias organizaciones para sus trabajadores y trabajadoras.

Hasta diciembre de 2023, la institucionalidad en el Estado nacional tenía un carácter sedimentario. Era una superposición de organismos y programas creados en diferentes ciclos — desde los 70 en adelante—. Convivían lógicas y expectativas contradictorias: ¿el objetivo era sostener un plan como transferencia de ingresos o buscar la independencia de la ayuda estatal?

Aun con sus avances, hubo una deuda común en todos los gobiernos anteriores: el trabajo autogestionado nunca llegó a tener el mismo estatus o protección que el empleo asalariado. Siempre hablamos de “formas inferiorizadas de protección”. La pandemia fue, quizás, el último gran momento donde las organizaciones denunciaron esta brecha, exigiendo los mismos derechos que une trabajador/a con ART.

Pero a partir de diciembre de 2023, entramos en un proceso veloz y voraz de destrucción. Para que se den una idea de la escala: pasamos de tener 53 organismos en el Estado nacional que implementan políticas para el sector (agricultura familiar, cuidados, cooperativismo) a que hoy queden en pie apenas diez, de los cuales muchos son cáscaras vacías.

No fue solo una poda estructural; fue un vaciamiento de la memoria técnica. Se eliminaron o vaciaron 11 registros (de comedores, de barrios populares, de promotoras de género) que buscaban dar visibilidad ante la ausencia de estadísticas oficiales. Este desmantelamiento tiene un impacto territorial brutal: el cierre de oficinas de agricultura familiar o la eliminación del programa ProHuerta dejan al territorio sin interlocutores estatales.

Aquí es donde quiero abrir el debate. Solemos hablar de “corrimiento” o “destrucción” del Estado, pero lo que nosotros empezamos a identificar es, más bien, un cambio de funcionalidad. Hay una presencia muy fuerte del Estado, pero en otras funciones. Identifico dos desplazamientos claros:

1. De la promoción a la asistencia individual: se elimina y estigmatiza la intermediación y la resolución colectiva de necesidades. El Estado decide que ya no promueve la organización, sino que, en el mejor de los casos, otorga una asistencia precaria e individual bajo la idea de “quitar intermediarios”.
2. De la legitimación al control punitivista: pasamos de un Estado que intentaba reconocer y visibilizar a estos sectores a uno que los mira bajo sospecha. Se pasa del acompañamiento a la fiscalización y la persecución. El INAES es hoy un ejemplo claro de este giro hacia el control punitivo.

Frente a este “Estado otro”, las organizaciones están desplegando estrategias para resistir. Hemos identificado al menos cuatro:

• Hibridación de recursos: ante el retiro de Nación, se recurre a niveles subnacionales (provincias o municipios) o se articulan alianzas con cámaras PyMEs que están atravesando crisis similares.
• Redes de cuidado y abastecimiento: se han multiplicado las compras colectivas y los acuerdos con redes de almaceneros para garantizar alimentos a precios accesibles para les asociades.
• Convivencia de ingresos: observamos que dentro de las cooperativas hoy conviven estrategias laborales colectivas con “changas” individuales o trabajos de plataforma. Lo colectivo es lo que sostiene la mística y la mirada de largo plazo, pero la urgencia obliga a esa hibridez.
• Resistencia y disputa simbólica: no se trata solo de resistir hacia afuera, sino de trabajar hacia adentro. Las organizaciones también están atravesadas por las contradicciones de una sociedad en disputa. Construir sentidos compartidos hoy requiere un esfuerzo enorme de formación y debate interno.

Lo dejo acá para escuchar a los demás. Frente a este contexto de “motosierra recargada”, la institucionalidad que queda es la que se teje en el territorio. Ahí es donde nos toca ponernos creativos para pensar cómo sobrellevar esta coyuntura.

Dina Sánchez [8]

Quiero empezar agradeciendo la invitación, pero sobre todo agradecer a quienes están hoy acá. En este contexto, organizarse para venir a intercambiar es un esfuerzo enorme. Y coincido con lo que se viene diciendo porque este gobierno llegó con esto de que “la justicia social es una aberración”, “Vamos a destruir el Estado”. Pero el Estado está más presente que nunca, claro, un Estado que construyen ellos para pocos.

También acuerdo en lo que dicen sobre lo que está pasando en el territorio, donde se está profundizando el avance del narcotráfico. Los pibes están quemados, por la droga o porque son soldados del narcotráfico. Hoy el mayor prestador en el territorio es el transa. También creo que hubo un camino allanado para que hoy nos ataquen tan directamente. El gobierno de Alberto Fernández allanó el camino, pero ya venía de antes. Y estas ideas ya estaban incluso con compañeres. Por eso los debates y los intercambios son importantes para seguir escuchándonos. Yo creo que la situación amerita muchas discusiones, pero en este contexto lo que más importa es seguir buscando no solamente una salida colectiva y tener un proyecto de conjunto, sino ver también qué Argentina vamos a querer, porque con el desastre que va a dejar este gobierno, al país lo vamos a tener que reconstruir.

A nosotras —y digo nosotras porque la economía popular en su gran mayoría somos mujeres— nos ha tocado ir construyendo nuestra identidad como trabajadoras desde la incomodidad, irrumpiendo en todos los espacios.  Agradecemos, porque escuchar estas investigaciones nos da herramientas para seguir dando pelea en un momento donde decir que “la economía popular llegó para quedarse” cobra una profundidad mucho mayor. Hoy vemos que incluso sectores de la clase trabajadora que tenían derechos —entre miles de comillas— están abocados a la economía popular para poder llegar a fin de mes.

Yo las escuchaba y me veía en todo ese proceso de más de veinte años de construcción. A nosotros nos costó mucho reconocernos como parte de la clase trabajadora. La UTEP es un sindicato de nuevo tipo, nació de la exclusión. A veces hablo con compañeres de la CGT que me dicen: “Compañera, no resignemos, tenemos que volver a la Argentina del pleno empleo”. Y todos queremos eso, pero el sistema nos descartó.

Desde ese descarte, nosotras tuvimos que inventar nuestro propio trabajo. Mi historia, en 2010, fue la de una cajera de supermercado a la que echaron y pasó a ser un número más. Para la empresa yo era un legajo; no les importaba si era jefa de hogar, madre soltera o si al día siguiente tenía para darle de comer a mis hijos. Yo soy migrante, soy peruana, y en el Perú nuestra cultura es de economía popular. Mis padres fueron vendedores ambulantes toda la vida. Así que cuando me echaron, salí a vender alfajores en los semáforos de Tigre.

La economía popular siempre fue mi salvavidas. Cuando toqué la puerta de un comedor por necesidad, entendí que ahí adentro había trabajo. Y muchas elegimos quedarnos. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajaba en el supermercado, marcaba tarjeta y no sabía ni el problema de la compañera de al lado. A la empresa no le importaba si yo dejaba a mis hijos solos para ir a cumplir horario, con el riesgo de que terminaran cooptados por el narcotráfico o con problemas de adicción. En cambio, la economía popular nos permitió construir espacios de cuidado y de niñez. Yo podía trabajar tranquila sabiendo que mis hijos estaban ahí. Por eso defendemos este proyecto de Tierra, Techo y Trabajo: porque son derechos para tener una vida digna.

En 2016 conquistamos el Salario Social Complementario y la Ley de Integración Socio Urbana. Eso fue reconocer que en la Argentina la economía tiene una tercera pata: el sector privado, el público y la economía popular, que es la que da respuesta sobre todo a las mujeres y a las diversidades, porque el descarte tiene cara de mujer.

El primer error fue cambiarle el nombre al Salario Social Complementario. Para nosotras es un programa de fortalecimiento, es reconocer el trabajo de cuidado que por años fue romantizado. Dicen: “Las compañeras cocinan con mucho amor”. Podrán tener mucho amor, pero el amor no paga las cuentas. Quienes le ponen el cuerpo todos los días cocinando son las compañeras de la rama socio comunitaria. El salario social es el reconocimiento a ese trabajo que sostiene el tejido social que hoy está hecho mierda.

Tenemos que ser realistas: el mundo del trabajo cambió. Todos soñamos con el empleo en blanco, con vacaciones y aguinaldo, pero el mercado hoy no puede abrazar a toda esa masa que quedó afuera. Ni siquiera los que están dentro del sistema llegan a fin de mes; hoy reina el pluriempleo en todos los sectores.

La diferencia es que quienes venimos sobreviviendo sabemos cómo hacerlo. Yo puedo salir a las seis de la mañana a trabajar con el auto, pero no abandono el barco ni abandono mi proyecto colectivo. No quiero que mi historia se siga replicando, no quiero más mujeres dejando a sus hijos solos para “ganar el mango” mientras el barrio se quema.

Estamos atravesando un momento muy difícil. Les trabajadores de la economía popular estamos rotos, pero estamos convencides de que hay que dejar de mirarse el ombligo y unificar las luchas. Lo estamos haciendo con les jubilades, con los compañeres de FATE, con la CGT y la CTA.

Nuestras cooperativas están devastadas, la rama cartonera, la rama textil, la rama de producción de alimentos y una rama que ha crecido muchísimo, la rama de espacio público. Dos por tres tenemos que ir a las comisarías, a pedir que liberen a nuestras compañeras vendedoras ambulantes porque las bajan de los trenes, porque las encierran, porque les abren causas. Estamos defendiendo con uñas y dientes, yendo a los municipios y a las provincias para sostener los cuidados. Sin estos trabajos de cuidado, la situación sería mucho más catastrófica, el avance del narcotráfico en los territorios crecería.  

La justicia social no es una aberración, es el derecho a estar todos adentro del mapa. Mañana vamos a estar en las plazas hablando de la caída de los salarios, buscando estrategias para que los comedores no cierren. Porque al final del día, lo colectivo es lo único que nos salva. Lo digo por experiencia: cuando me tocó enterrar a un hijo, si no hubiesen estado mis compañeres y mi organización, la vida de mi otro hijo hubiese sido un desastre. Por eso, hoy más que nunca, defender la justicia social es defender la vida.

Reflexiones finales

Disputar el sentido, sostener la solidaridad fue la idea que motivó la convocatoria a pensar (nos) y debatir sobre la encrucijada actual de la economía popular, social, solidaria en Argentina. Lo hicimos desde distintos lugares y perspectivas que nos permitieron comprender las dimensiones centrales de la larga marcha del proceso de estigmatización, desvalorización e invisibilización del sector.

Un proceso que hoy estalla frente a la asunción de un gobierno de ultraderecha que avanza en una transformación del Estado hacia la extrema individualización y la asistencialización de la política social. Al mismo tiempo que levanta su mano derecha para impulsar políticas de ajuste estructural sostenidas en la activación del aparato represivo y de una política punitivista que busca poner en cuestión la misma legitimidad de estas formas de trabajo y de organización colectiva.

Esta invitación a disputar el sentido se da en un contexto de “cancha inclinada” que no nos favorece. Cualquier intento de contra-hegemonía se estrella contra la arquitectura de las plataformas. La infraestructura de X no es neutral. El cerco del algoritmo polarizante actúa como un dispositivo de contención. Nuestros intentos en algún contrasentido o sentido divergente circulan casi exclusivamente dentro de nuestras propias cámaras de eco. Nuestra crítica y propuestas quedan encapsuladas sin poder perforar la agenda impidiendo que la resignificación alcance su instalación masiva. Quedamos desfasados de la velocidad y la gramática de la red. Mientras la conversación ocurra en un territorio diseñado para maximizar la polarización y simplificar la realidad en binomios morales, cualquier intento de introducir la complejidad del trabajo popular quedará, muy probablemente, atrapado en el filtro algorítmico, o relegado a una posición de resistencia testimonial incapaz de disputar la hegemonía real.

Por eso al cierre del conversatorio invitamos a saltar el cerco, salir de la burbuja, migrar a otros espacios de encuentro y conversación con personas con las que habitualmente no lo hacemos. A mirar y a poner el cuerpo en distintos ámbitos de la vida cotidiana donde las luchas, las resistencias y las estrategias de construcción de otra sociedad posible ya se están dando. A sostener los territorios en donde se hibridan recursos, se tejen alianzas, se producen saberes y se reinventan prácticas colectivas de cuidado contra la crueldad y para la sostenibilidad de la vida. Allí donde la resistencia y la disputa se dan hacia afuera pero también construyen nuevos sentidos y prácticas ancladas en la solidaridad dentro de la propia organización que no está aislada de las contradicciones que atraviesan una sociedad en disputa.

Construir una narrativa capaz de poner en valor el trabajo popular implica, sin dudas, enormes desafíos: no solo requiere romper el cerco algorítmico, sino también vincular la autonomía productiva con la organización colectiva y el bienestar social. Volver a explicar “los planes” desde la comprensión de los problemas estructurales del mundo del trabajo y de la interdependencia como inherente a la condición humana. Estos desafíos también involucran cuestiones identitarias muy profundas que tenemos que debatir dejando de lado la pereza teórica y política ante ciertos temas: ¿qué es para nosotres la economía social, solidaria, popular y feminista?, ¿qué políticas públicas para qué sociedad necesitamos, y cómo vamos a construirlas? ¿Qué datos y qué registros nos pueden permitir no sólo visibilizar estos trabajos sino mostrar su aporte esencial y el potencial para la construcción del bienestar? Ante estos desafíos, fortalecer los espacios de formación, las alianzas y los diálogos entre organizaciones de la economía popular, social, solidaria, la universidad y el sistema científico son sin duda pasos necesarios.

---

[1] Investigadora del Área de Estudios Urbanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani (FSOC-UBA) y del Centro de Investigación y Estudios sobre Opinión Pública de la Universidad Nacional de La Plata (FPyCS-UNLP).  

[2] El uso de lenguaje inclusivo no binario para la transcripción de las presentaciones del conversatorio fue una decisión de las autoras del artículo.

[3] Investigadora independiente del CONICET con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, en donde coordina el Grupo de Estudios sobre Política Social y Condiciones de Trabajo  del Departamento de Economía Social, Cooperativismo y Autogestión del Centro Cultural de la Cooperación.

[4] Investigadora adscripta del Instituto de Investigaciones Gino Germani e integrante del Grupo de Estudios sobre Política Social y Condiciones de Trabajo.

[5] Integrante de la Mutual de trabajadorxs de la tecnología y el conocimiento (MIT). Presidentx de Mover Cooperativa.

[6] Investigadora de CONICET con sede en el Instituto del Conurbano (ICO-UNGS) y coordinadora del Observatorio de Políticas Públicas de Economía Popular, Social y Solidaria (OPPEPSS) en la Universidad Nacional de Rosario.

[7] https://oppepss.ungs.edu.ar/

[8] Secretaria Adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).